El asesinato de un joven de 15 años de un balazo policial por la espalda en la localidad cordobesa de Paso Viejo, es motivo de preocupación política por estas horas en el gobierno de Juan Schiaretti.

Pese al hermetismo que mantienen desde el Centro Cívico, las autoridades siguen de cerca la evolución de un caso que vuelve a exponer a la gestión provincial en uno de sus frentes más débiles: la violencia institucional policial.

Siguiendo a rajatabla la misma estrategia de siempre, el mandatario provincial no hizo ninguna mención pública sobre lo sucedido en el pequeño pueblo del departamento Cruz del Eje, ni respondió a los cuestionamientos ya lanzados por todo el arco opositor.

Apenas hubo dos tuits que salieron desde la cuenta oficial del Gobierno de Córdoba donde se informó que, por instrucción del mandatario, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julián López, se puso en contacto con el padre de la víctima "haciéndole llegar el acompañamiento en esta circunstancia, y la plena colaboración de ese ministerio para que la investigación judicial esclarezca en forma total el acontecimiento ocurrido".

El nuevo crimen que involucra a policías de la Provincia tiene lugar apenas dos meses después de la muerte de Valentino Blas Correas, otro adolescente que a bordo de un vehículo también fue baleado por la espalda durante un control policial en el centro de la ciudad Capital. Ese episodio conmocionó a Córdoba y derivó en una multitudinaria marcha de reclamos contra la Provincia que, horas antes, había resuelto descabezar a la cúpula de la fuerza capitalina.

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En aquel momento, con sondeos de opinión en mano, el Gobierno consideró que los cambios aplicados en una parte de la Policía de la ciudad fueron suficientes y no avanzó en la transformación estructural de la Fuerza como le reclamaron desde distintos sectores. Es más, ratificó en su cargo al actual jefe de la Policía Gustavo Vélez y al ministro de Seguridad, Alfonso Mosquera, quien en las últimas horas recordó que su renuncia está a disposición del gobernador.

Ahora, el crimen de Joaquín Paredes en Paso Viejo vuelve a poner en jaque la conducta de policías que ingresaron y fueron formados durante la administración de Schiaretti.

El gobernador transita un tercer mandato no consecutivo complejo, atravesado por la pandemia y una fuerte crisis económica. Por eso, la estrategia oficial ante un nuevo frente que se abre será tratar de despegar todo lo que se pueda al poder político de la mala praxis de la Fuerza y circunscribir los hechos a un caso aislado.

Sin embargo, el nuevo caso de gatillo fácil provocó la reacción de la oposición y dirigentes como el ex intendente radical Ramón Mestre salieron a cuestionar a Schiaretti. "Hoy, la violencia institucional, que en realidad tiene nombre y apellido, le arrebató la vida a Joaquín de Paso Viejo; antes a Blas y a tantos otros. ¿Qué más tiene que pasar para que el Gobernador de Córdoba deje de hacerse el desentendido y se haga cargo?", disparó el presidente de la UCR que apunta desde hace tiempo contra el silencio oficial.

Y mientras el sector peronista del Frente de Todos Córdoba que busca la unidad con el PJ evita pronunciarse públicamente para no chocar con la Provincia, otros integrantes, como el diputado del Partido Solidario, Eduardo Fernández, lanzaron duros cuestionamientos contra Schiaretti. Sobre lo ocurrido, dijo que no es "un hecho aislado ni un accidente", sino que se trata de "una política inhumana en materia de seguridad" en Córdoba.

En tanto, el gobernador se mostró cumpliendo con sus actividades institucionales programadas y no se espera, al menos por ahora, ninguna reflexión pública sobre lo acontecido. Frente a este tipo de situaciones, Schiaretti suele proceder de la misma forma: dejar que baje la espuma hasta que otro tema ocupe la agenda provincial.